La Comunidad Autónoma ha adquirido en los dos últimos años 39 viviendas con una inversión superior a 3,1 millones de euros, que se están destinando a alquiler asequible o cesión de uso en 15 municipios de la Región. El objetivo: facilitar el acceso a la vivienda a personas y familias con rentas limitadas.
Este martes, el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, visitó en Abanilla las cuatro últimas viviendas incorporadas a este plan regional, junto al alcalde del municipio, José Antonio Blasco. Las casas han sido ya cedidas al Ayuntamiento para que gestione su uso social.
García Montoro destacó que “estas viviendas públicas permitirán ofrecer soluciones residenciales a quienes más lo necesitan en Abanilla, gracias al impulso del Ejecutivo regional en una política de vivienda que pone los recursos públicos al servicio de la cohesión social y la igualdad de oportunidades”.
La cesión, que permitirá al Ayuntamiento gestionar directamente estos inmuebles, se ha formalizado en un convenio suscrito entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras y el Consistorio.
El consejero subrayó además que “nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la colaboración con los ayuntamientos, para dar respuesta a las necesidades reales de las familias y acercar los recursos públicos a quienes más los necesitan”.
Las cuatro casas, adquiridas con una inversión total de 176.532 euros, cuentan con una superficie aproximada de 85 metros cuadrados construidos y disponen de salón-comedor, cocina, galería, baño, aseo, dos dormitorios y vestíbulo. Cada una incluye además una plaza de garaje.
Estas viviendas se podrán arrendar o ceder en uso únicamente a personas cuyas rentas anuales, incluyendo las de todos los miembros de la unidad de convivencia, no superen tres veces el IPREM en el momento de la firma del contrato.
El precio del arrendamiento o cesión se determinará de forma proporcional a la superficie útil de cada vivienda, conforme a unos criterios establecidos por ley, y deberán mantenerse destinadas a este uso social por un periodo mínimo de cincuenta años, desde la fecha de adquisición por la Comunidad Autónoma.
Esta actuación forma parte de la estrategia regional para ampliar el parque público de vivienda, optimizar el uso de los recursos disponibles y garantizar el acceso a la vivienda en condiciones asequibles.
